La secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organizaron ayer el foro «Construcción de alianzas para la defensa ambiental en México».
El encuentro se enfocó en la coordinación entre la autoridades, federal, estatal y municipal; el sector privado, la Academia, la sociedad civil y organizaciones defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, para procurar la justicia ambiental en México. Durante el foro se identificaron áreas de colaboración entre los sectores y se reflexionó sobre el riesgo que enfrentan hoy los defensores del medio ambiente en México.
Durante la mesa de diálogo, Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se comprometió a crear una hoja de ruta destinada al cumplimiento del Acuerdo de Escazú por parte de México. Este instrumento es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú lo han firmado 25 países de Latinoamérica, entre ellos México, quien lo suscribió en septiembre de 2018, y en donde durante 2024 los defensores del medioambiente sufrieron 94 agresiones, incluidos 25 asesinatos. Este país, junto con Colombia y Brasil, continuan siendo los tres países más peligrosos para defender la naturaleza en el mundo, según la organización Global Witness.
«El Acuerdo de Escazú es el único que protege y defiende la vida de las y los defensores del medio ambiente, es un acuerdo fundamental, innovador e internacional, único en América Latina y el Caribe por eso es tan importante que podamos diseñar y trabajar una hoja de ruta para su implementación”, destacó la Secretaria.
Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que la violencia contra los defensores del medioambiente en México se acentúa en las mujeres, por lo que recomendó realizar acciones de protección a ambientalistas desde enfoques diferenciados.
Gustavo Alanís, director general del Cemda, organización que apoya jurídicamente dede hace 30 años a defensores del medioambiente en México, propuso la creación de una política pública integral de protección al medioambiente y el fortalecimiento del mecanismo de la Secretaría de Gobernación para resguardar a defensores de derechos humanos. El abogado ambientalista destacó la importancia de realizar evaluaciones de impacto ambiental acertadas para que se eviten proyectos que afecten a la naturaleza.
En el foro «Construcción de alianzas para la defensa ambiental en México» también participaron la procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell; el comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza; y el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva. También estuvieron representados el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) entre otros.
