Tras más de siete años de solicitudes sin respuesta y luego de una movilización pública encabezada por madres y padres de familia, el Gobierno de Tabasco anunció la reubicación del Jardín de Niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, ubicados en el municipio de Paraíso. La decisión se dio después de que más de 200 familias denunciaran los posibles riesgos para la salud de sus hijos por la cercanía de ambos planteles con la refinería Olmeca de Dos Bocas.
Las escuelas se encuentran en la colonia Lázaro Cárdenas del Río y comparten colindancia directa con el complejo petrolero. Con la instalación de la refinería, la zona habitacional y escolar se transformó en un entorno industrial con tránsito pesado, ductos, bardas de gran escala y operación permanente de plantas.
De acuerdo con los padres de familia, niñas y niños toman clases a escasos metros de instalaciones consideradas de alto riesgo, como tanques industriales y áreas de procesamiento de hidrocarburos. Señalan que la presencia constante de ruidos, vibraciones y olores intensos forma parte de la rutina escolar.
El director de la organización Conexiones Climáticas, Pablo Montaño, quien ha acompañado a las familias, advirtió que no se trata de una preocupación infundada. Recordó que existen disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que impiden la operación de escuelas a menos de 500 metros de instalaciones con riesgos químicos o industriales. En este caso, algunos componentes de la refinería se ubican a menos de 300 metros de los planteles.
Entre los procesos industriales cercanos se encuentran los relacionados con aguas amargas y recuperación de azufre, donde puede liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico. Según explicó Montaño, la exposición a concentraciones elevadas puede provocar mareos, náuseas, desmayos e incluso consecuencias fatales, por lo que consideró indispensable aplicar protocolos de prevención.
Las familias han documentado en los últimos años síntomas recurrentes en sus hijos, como dolores de cabeza, sangrados nasales y episodios de náuseas. Aunque no existe un estudio epidemiológico oficial que establezca un vínculo directo con la refinería, los padres sostienen que la exposición constante a posibles contaminantes no debe normalizarse ni minimizarse.
La exigencia de reubicación comenzó desde el sexenio anterior, cuando se enviaron oficios y se realizaron gestiones ante autoridades educativas y municipales sin resultados concretos. El 19 de noviembre de 2024, ante la falta de respuesta, entregaron un escrito al titular de la SEP, Mario Delgado, solicitando el traslado inmediato de los planteles y la aplicación de medidas de protección civil.
Ante la ausencia de soluciones, la comunidad escolar decidió manifestarse públicamente. Con pancartas y mantas, se colocaron en uno de los accesos de la refinería para visibilizar su demanda. En conferencias de prensa presentaron mapas, fotografías y testimonios para evidenciar la cercanía de las aulas con la infraestructura industrial.
El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó en su conferencia semanal que se contempla la reubicación de las escuelas y que existe una mesa de diálogo para atender a los inconformes. Sin embargo, sostuvo que la refinería fue construida bajo estándares de certificación y que no representa un riesgo para la población. Incluso señaló que no hay estudios que acrediten contaminación derivada del complejo.
El caso también llegó al ámbito federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum consideró viable la reubicación, lo que abrió la puerta a la coordinación entre autoridades estatales y federales. No obstante, surgió inquietud entre las familias ante la posibilidad, planteada de manera informal, de cerrar los planteles en lugar de trasladarlos, lo que dejaría a más de 300 estudiantes sin una opción cercana.
Los padres han propuesto terrenos alternativos a pocas cuadras de las escuelas actuales para evitar el desarraigo de la comunidad. Mientras se concreta el proceso, demandan la implementación de protocolos de emergencia, simulacros y monitoreo ambiental permanente. Aunque reconocen el anuncio oficial como un avance, advierten que no bajarán la guardia hasta que el traslado se materialice con presupuesto, plazos definidos y garantías de seguridad.
