Tras casi dos décadas de negociaciones, el pasado 17 de enero, entró en vigor el Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional impulsado por la ONU para proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino.
La entrada en vigor se produjo tras cumplirse los 120 días posteriores a la ratificación por al menos 60 países, tal como establece el propio texto. Con ello, el tratado se volvió jurídicamente vinculante para los 83 Estados que lo han ratificado hasta ahora, quienes se comprometieron a incorporarlo en sus legislaciones nacionales.
El tratado abarca regiones que conforman más de dos tercios de la superficie de los océanos y que representan más del 90 por ciento del hábitat del planeta en términos de volumen. Estas zonas, conocidas como alta mar, habían carecido hasta ahora de un marco jurídico sólido para su conservación y gestión sostenible.
Entre los países que han ratificado el acuerdo se encuentran importantes economías como China, Alemania, Japón, México, Francia y Brasil. La ONU resaltó especialmente el respaldo chino, debido al peso de sus industrias vinculadas al océano, que en 2023 exportaron bienes relacionados por un valor estimado de 155 mil millones de dólares.
No obstante, algunas potencias aún no han ratificado el tratado, entre ellas Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. Aunque Estados Unidos adoptó el acuerdo en 2023, la ratificación quedó aplazada tras un cambio de gobierno, mientras que otros países mantienen procesos legislativos pendientes o reservas sobre su impacto.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la entrada en vigor del acuerdo y afirmó que se trata de una “tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad”. Subrayó además que la alta mar dejará de ser un espacio sin control para convertirse en un ámbito de responsabilidad compartida.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el hecho como un “hito para el océano”. Destacó que el tratado establece por primera vez un marco jurídico integral para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las fronteras nacionales, en un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
El tratado se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero refuerza de manera significativa el marco legal existente. Además, busca alinear la gobernanza oceánica con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.
Cuatro pilares del Tratado de Biodiversidad en Alta Mar
El acuerdo se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales:
- El reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos
- La creación de áreas marinas protegidas
- La evaluación del impacto ambiental de las actividades en alta mar
- La cooperación internacional y transferencia de tecnología, especialmente en apoyo a los países en desarrollo.
Asimismo, el tratado establece mecanismos de financiación, resolución de disputas y la creación de nuevas instancias, como una Conferencia de las Partes y un Organismo Científico y Técnico. Estas estructuras serán clave para supervisar su implementación y cumplimiento.
La primera Conferencia de las Partes deberá celebrarse en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del acuerdo, previsiblemente a finales de 2026. Mientras tanto, la ONU y los Estados firmantes avanzan en los trabajos preparatorios, con la expectativa de que más países se sumen a este esfuerzo global para garantizar un océano sano y sostenible para las futuras generaciones.
