El Senado de la República aprobó el pasado 9 de diciembre la nueva Ley General de Economía Circular, apenas unas horas después de ser enviada por la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 111 votos a favor de todas las fuerzas políticas y fue turnada directamente al pleno, sin pasar por comisiones.
Entre los ejes principales de la ley se encuentra la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a fabricantes e importadores a hacerse cargo del impacto ambiental de sus productos durante todo su ciclo de vida. Esta responsabilidad podrá cumplirse de manera directa, mediante centros de acopio propios, o indirecta, a través de alianzas con empresas especializadas en reciclaje o gestión de residuos.
La nueva legislación establece que la implementación será progresiva y adaptada a las capacidades de cada sector productivo, especialmente para micro y pequeñas empresas. También define una jerarquía en la gestión de materiales que prioriza la reutilización y reparación, coloca en segundo plano el reciclaje y deja como última opción la disposición en rellenos sanitarios.
Otra de las obligaciones para las empresas será garantizar que los productos puedan ser reparados, lo que incluye asegurar la disponibilidad de refacciones, herramientas e información técnica para los consumidores. Asimismo, deberán presentar un Plan Maestro de Cumplimiento ante la Semarnat, una vez que sus sectores sean regulados conforme a los artículos 12 y 39.
En caso de que algún sector considere inviable el cumplimiento pleno del REP, la ley contempla medidas compensatorias como restauración ecológica, reforestación, reducción de emisiones contaminantes o la adquisición de bonos verdes o créditos de carbono, instrumentos cuestionados por ambientalistas por considerarse pagos o licencias para contaminar.
El marco normativo también prevé la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, encabezado por la Semarnat y conformado por diversas secretarías, con el propósito de coordinar políticas entre los tres niveles de gobierno. Además, se desarrollará un Programa Nacional de Economía Circular, incentivos fiscales y un sello oficial para productos que cumplan con la ley, los cuales tendrán prioridad en compras gubernamentales.
Organizaciones como Greenpeace han manifestado un fuerte rechazo a la reforma, al considerar que fue elaborada principalmente entre autoridades e industria, dejando fuera a comunidades, especialistas independientes y grupos ambientalistas. La ONG también alertó sobre la inclusión de la termovalorización, o quema de residuos para generar energía, por sus efectos nocivos en la salud, así como el riesgo de greenwashing, ya que las empresas podrán auditarse a sí mismas.
La ley incorpora además lineamientos para fortalecer la infraestructura de gestión de residuos. Los rellenos sanitarios contarán con un periodo de cinco años, con posibilidad de prórroga, para reconvertirse y disminuir la disposición final de desechos. También se impulsa el desarrollo de centros de acopio y la innovación tecnológica en procesos de reciclaje.
En materia de consumo, la normativa contempla nuevos mecanismos de información para los usuarios, como etiquetas con la vida útil estimada, el nivel de reparabilidad y la huella ambiental de los productos. Estas medidas buscan promover decisiones de compra responsables y reducir la generación de basura derivada de artículos de corta duración.
Un punto central de la legislación es el reconocimiento a las personas recicladoras de base, conocidas popularmente como pepenadores. El Congreso destacó que su labor, históricamente relegada, será ahora integrada como parte esencial de la economía circular. La ley busca mejorar sus condiciones laborales y reconocer su contribución en la cadena de aprovechamiento de residuos.
