En enero de 2025, inició una campaña contra la cacería furtiva en la región de la huasteca potosina, promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la creciente pérdida de biodiversidad en la zona.
Esta problemática está siendo causada principalmente por cazadores furtivos que, sin permisos ni control, capturan animales, incluyendo hembras, crías y ejemplares juveniles de especies como el venado cola blanca. Estos cazadores venden la carne a 400 pesos el kilo, sacrificando a cervatillos recién nacidos por apenas dos o tres kilos de carne.
En respuesta a esta situación, la campaña ha recibido el apoyo de la Guardia Civil de San Luis Potosí, que ha comenzado a realizar rondines en las áreas más afectadas por la caza furtiva en Tamuín y Ciudad Valles. Estos patrullajes buscan frenar la captura ilegal de fauna y proteger los ecosistemas locales.
Además, propietarios de ranchos en Tamuín han reportado que los cazadores ingresan ilegalmente a propiedades privadas, a menudo acompañados de perros entrenados para perseguir y cazar animales. En algunos casos, incluso se han reportado incidentes donde los cazadores han destazado becerros cuando no logran capturar animales silvestres.
La caza furtiva está teniendo un impacto negativo en la biodiversidad de la huasteca potosina, afectando tanto a la fauna como a las comunidades locales. En este contexto, las autoridades extienden una invitación a las comunidades y ejidos para que colaboren denunciando a los cazadores furtivos, especialmente si observan a personas con perros y/o armas en sus áreas.
Para reforzar las acciones de monitoreo, se contempla la adquisición de drones con sensores térmicos que permitan ubicar a los cazadores y sus jaurías durante la noche, mejorando la capacidad de respuesta ante esta amenaza.
Sanciones contra la cacería furtiva
Según el Código Penal Federal, las penas por cacería furtiva varían según la gravedad de la infracción y las especies afectadas. Las sanciones generales incluyen:
- Prisión de uno a nueve años.
- Multa de trescientos a tres mil días de salario mínimo.
Para más información o denuncias, se pueden contactar con las autoridades locales o las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la campaña, así como a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
