La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la autorización para la construcción del megaproyecto “Punta La Paz”. El pasado 26 de noviembre, la instancia resolvió que el proyecto no cumplía con los requisitos legales para su emplazamiento.
La empresa La Paz Partners, S. de R.L. de C.V. propuso edificar «Punta La Paz» en Punta Colorada, en la costa este de Baja California Sur. Su construcción proyectaba transformar 52.36 hectáreas en un complejo residencial y turístico, con vialidades, hoteles y villas.
Los planes para el megaproyecto colindaban con el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra. Esta área natural protegida contiene manglares que albergan varias especies de aves migratorias en peligro de extinción.
Semarnat recibió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) de “Punta La Paz” el 15 de mayo de 2023. Un mes más tarde, el 15 de junio, la secretaría publicó el proyecto en la gaceta ecológica para su difusión. Ante la petición de varios grupos ciudadanos, Semarnat emitió una consulta pública sobre el proyecto.
Impacto y resolución
Diversas organizaciones y habitantes de la zona solicitaron a Semarnat consultas públicas sobre el megaproyecto “Punta La Paz”. Citaron estar preocupados por cómo impactaría su calidad de vida y el acceso al agua en la región. De la misma forma, manifestaron interés en preservar el patrimonio natural y arqueológico dentro del área proyectada.
En julio de 2023, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dictaminó que el megaproyecto no cumplía con la normatividad ambiental. La comisión decretó que esta construcción era incompatible con la conservación de ecosistemas protegidos como los manglares o matorrales sarcocaules.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicó que había sitios arqueológicos en las costas de Baja California Sur.
El 26 de noviembre de 2024, la Semarnat emitió el resolutivo que rechaza la construcción de “Punta La Paz”. La secretaría concluyó que el proyecto no cumple con los requisitos ambientales ni legales para proceder. Reconoció también la participación de las comunidades por movilizarse en defensa de sus derechos constitucionales y ambientales.
