La administración de Donald Trump eliminó las normas que establecían límites a las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las centrales eléctricas de carbón y gas en Estados Unidos.
El anuncio fue realizado durante una reunión de ministros de Energía del G20 celebrada en Houston, Texas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) defendió la medida como una forma de fortalecer el sector energético estadounidense y reducir los costos para los consumidores.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, sostuvo que las administraciones de Barack Obama y Joe Biden habían aplicado políticas que perjudicaron al carbón, al que describió como una fuente de energía confiable y accesible. Según el funcionario, el gobierno de Trump busca revertir esas medidas y garantizar el suministro eléctrico del país.
La EPA calcula que la eliminación de las restricciones podría representar ahorros de aproximadamente 310 mil millones de dólares, además de contribuir a una reducción de los precios de la electricidad. La agencia también señaló que la decisión permitirá aprovechar con mayor libertad los recursos energéticos estadounidenses, especialmente el carbón y el gas natural.
Las reglas eliminadas fueron aprobadas en 2024 durante la administración Biden. Su objetivo era disminuir las emisiones de dióxido de carbono de las plantas eléctricas, mediante la exigencia de reducir la contaminación o incorporar sistemas capaces de capturar hasta 90 % de las emisiones climáticas de determinadas instalaciones.
De acuerdo con las proyecciones de la EPA bajo Biden, esas regulaciones permitirían reducir en 75 % las emisiones de carbono del sector eléctrico respecto de los niveles máximos registrados en 2005. La agencia también había estimado que las medidas evitarían unas mil 200 muertes prematuras para 2035 y producirían beneficios sanitarios valorados en 120 mil millones de dólares hasta 2047.
La administración Trump sostiene, en cambio, que las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles no representan una contribución suficientemente significativa a la contaminación atmosférica peligrosa como para justificar una regulación federal de este tipo. La EPA incluso ha afirmado que las emisiones de estas instalaciones no tienen un efecto sustancial sobre el cambio climático mundial.
La decisión tiene relevancia debido al peso del sector eléctrico en las emisiones estadounidenses. Las centrales eléctricas constituyen la segunda fuente de contaminación climática del país, únicamente por detrás del transporte, y generan cerca de una cuarta parte de las emisiones que contribuyen al calentamiento global en Estados Unidos. Por sí solas, las plantas eléctricas estadounidenses representan alrededor de 3 % de las emisiones climáticas mundiales.
Además de retirar las normas de 2024, la EPA pretende renunciar a buena parte de su autoridad para establecer futuras restricciones sobre las emisiones climáticas de las centrales eléctricas. De concretarse esta propuesta, gobiernos posteriores podrían encontrar mayores obstáculos para imponer nuevas regulaciones al sector.
La medida ha provocado una fuerte reacción de organizaciones ambientalistas, que anticipan una batalla legal. Grupos como el Sierra Club, la Unión de Científicos Preocupados y el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales consideran que la decisión favorece a las compañías de combustibles fósiles y puede incrementar los riesgos para la salud pública y el medio ambiente. También advierten que la eliminación de los límites ocurre en un contexto de fenómenos climáticos extremos y temperaturas récord.
La política energética de Trump ha incluido otras acciones destinadas a respaldar los combustibles fósiles. El gobierno ha ordenado mantener operativas algunas centrales de carbón que tenían previsto cerrar y anunció más de 100 millones de dólares en fondos federales para dos nuevos proyectos de generación eléctrica a carbón con sistemas de captura de carbono. Al mismo tiempo, en 2025 las emisiones climáticas estadounidenses volvieron a aumentar, en parte por una mayor utilización del carbón, aunque se prevé que su demanda disminuya durante 2026.
La Casa Blanca argumenta que estas decisiones son necesarias para garantizar la estabilidad de la red eléctrica frente al rápido crecimiento de la demanda, impulsado por los centros de datos, la industria y la electrificación.
Sin embargo, especialistas cuestionan que una mayor dependencia del carbón necesariamente reduzca las tarifas, debido a que esta fuente puede resultar más costosa que el gas natural y algunas tecnologías renovables. La derogación, además, abre un periodo de incertidumbre para las empresas eléctricas, que deberán prepararse para posibles litigios y distintos escenarios regulatorios mientras se define el futuro de la política climática estadounidense.
