La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó una propuesta para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988. La iniciativa busca adaptar la legislación mexicana a problemas ambientales actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
La propuesta, presentada por la secretaria Alicia Bárcena durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación. El objetivo central es fortalecer las capacidades del Estado para proteger, conservar, restaurar y reparar los ecosistemas del país.
Uno de los principales cambios consiste en colocar la prevención de daños ambientales como prioridad. La iniciativa pretende que las autoridades y quienes desarrollen grandes proyectos identifiquen posibles impactos antes de que ocurran, en lugar de limitarse a reparar las afectaciones una vez que ya se produjeron.
Para ello, se plantea incorporar la evaluación ambiental estratégica, una herramienta que permitiría analizar de manera conjunta los efectos de grandes proyectos o actividades relacionadas que puedan generar impactos acumulativos en una misma región. Con esto se busca mejorar la planeación y evitar que los daños se evalúen únicamente de manera aislada.
La propuesta también amplía el enfoque de la política ambiental al incluir conceptos como restauración, reparación y remediación. Esto significa que, además de evitar nuevas afectaciones, se pretende establecer mecanismos para recuperar ecosistemas deteriorados y atender los daños que ya hayan sido ocasionados.
Otro de los ejes de la iniciativa es fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con el medio ambiente. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros sectores de la población tendrían mayores herramientas para acceder a información, participar en procesos ambientales y recurrir a mecanismos de justicia cuando sus territorios o recursos naturales se vean afectados.
La iniciativa propone, además, combinar el conocimiento científico y tecnológico con los saberes de los pueblos indígenas. La Semarnat plantea que las políticas ambientales deben reconocer el conocimiento acumulado por las comunidades sobre sus territorios y ecosistemas, junto con las herramientas desarrolladas por la ciencia.
En materia de restauración, la nueva legislación contempla un programa específico para recuperar ecosistemas y plantea acciones para el saneamiento de ríos, la protección de costas y manglares y la recuperación de zonas deterioradas. También incorpora medidas relacionadas con el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
La economía circular sería otro componente de la propuesta. El objetivo es reducir la generación de residuos, promover el reciclaje y avanzar hacia un modelo que aproveche los materiales durante más tiempo. La iniciativa también busca fortalecer las acciones de protección de especies y ecosistemas considerados prioritarios.
En cuanto al ordenamiento territorial, la propuesta pretende que las decisiones sobre el uso y desarrollo del territorio consideren la conservación ambiental y la participación ciudadana, con el propósito de reducir conflictos socioambientales y brindar mayor certeza tanto a las comunidades como a quienes realizan inversiones.
Entre sus principios, la iniciativa establece que el patrimonio natural es una base fundamental para la vida, el bienestar y la prosperidad, además de reconocer que la justicia social está vinculada con la justicia ambiental. También incorpora principios relacionados con la prevención, conservación, restauración, conocimiento científico, cultura ambiental, economía circular, patrimonio biocultural y protección de quienes defienden el medio ambiente.
Más que enfocarse exclusivamente en sancionar después de que ocurre un daño, la propuesta busca modificar la manera en que México enfrenta los problemas ambientales: anticiparse a los impactos, ordenar el territorio, involucrar a las comunidades y establecer mecanismos para restaurar los ecosistemas afectados. El siguiente paso será su análisis y discusión en el Congreso de la Unión, donde se definirá el contenido final de la nueva legislación.
