Corte Internacional de Justicia declara el derecho humano a un medio ambiente limpio

Esta declaración podrá ser citada en demandas domésticas e internacionales

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que tener un medio ambiente “limpio, saludable y sustentable” es un derecho humano, según una opinión consultiva publicada este miércoles, 23 de julio. El documento explica cómo los países deberán abordar la crisis del cambio climático y las consecuencias de no hacerlo. 

Técnicamente, las opiniones consultivas no son legalmente vinculantes, sin embargo se consideran cómo autoritarias ya que resumen leyes existentes en lugar de crear nuevas legislaciones. Esta valoración podrá ser utilizada para litigios ambientales y negociaciones políticas por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La opinión consultiva podrá ser citada en demandas domésticas e internacionales. 

“Las consecuencias del cambio climático son severas y extensas: afectan tanto los ecosistemas naturales como las poblaciones humanas. Estas consecuencias subrayan el peligro inminente y existencial del cambio climático”, declaró Yuji Iwasawa, director de la Corte Internacional de Justicia.

El documento especifica que el derecho a un medio ambiente sano es un requisito para otros derechos humanos cómo los derechos a la vida, a la salud, al agua y al alimento. Para ello, el tribunal responsabiliza a los países a tomar medidas que preserven su medio ambiente y sistema climático. Entre las medidas destacan la reducción de gases de efecto invernadero, la regulación de la industria privada y la protección de los océanos.

La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas es el tercer organismo internacional en publicar una opinión consultiva sobre el derecho humano al medio ambiente. El pasado siete de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un fallo similar, aplicable a los miembros de la Organización de Estados Americanos. En el mismo sentido, el Tribunal Internacional de Ley Marítima declaró que los países tienen una responsabilidad legal para controlar los gases de efecto invernadero.

Antecedentes

En 2019, un grupo de estudiantes de la facultad de leyes de la Universidad del Pacífico en Vanuatu inició una campaña para pedir a la CIJ que lanzara una opinión consultiva sobre el cambio climático. Los universitarios provenían de países isleños, vulnerables al calentamiento global cómo las Islas Salomón. Con ayuda del gobierno de Vanuatu, la campaña llegó a discutirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cuatro años más tarde, en marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU mandó a la Corte Internacional de Justicia a realizar la opinión consultiva mediante la resolución 77/276. El organismo tenía la tarea de responder dos preguntas: ¿Cuáles son las obligaciones de los estados para proteger los sistemas climáticos y el medio ambiente? ¿Cuáles son las consecuencias legales de no hacerlo?

Durante la etapa escrita de los procedimientos, la CIJ recibió 91 declaraciones y 62 comentarios de diversos países y organizaciones internacionales. En diciembre de 2024, el tribunal mantuvo audiencias públicas, donde 96 naciones y once organismos internacionales presentaron sus declaraciones. Según el tribunal, este es el mayor nivel de participación registrado en la historia de la organización.

El 23 de julio de 2025, la corte adoptó la Opinión Consultiva de las Obligaciones de los Estados Respecto al Cambio Climático de forma unánime

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