La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva este martes a la empresa Pecuaria Peninsular, una granja porcícola ubicada en Santa María Chi, en el municipio de Mérida, Yucatán.
La medida fue tomada tras el incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas previamente impuestas, entre las que destacan la descarga de aguas residuales sin los permisos correspondientes y la omisión en la caracterización de lodos generados por la operación de la granja, según informó la dependencia a través de un comunicado.
A partir de esta clausura, la Profepa exigirá que la empresa se enfoque en la reparación integral de los daños ambientales ocasionados, mediante la elaboración de un estudio de daño ambiental. Asimismo, dará seguimiento al proceso de desmantelamiento y al abandono adecuado del sitio.
Esta acción responde a una serie de denuncias interpuestas desde 2021 por comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil, que alertaron sobre los impactos ambientales y sociales causados por este tipo de granjas en la región.
Como parte de sus labores de inspección, la Profepa ha visitado instalaciones en distintos municipios de Yucatán, incluyendo Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Conkal, Maxcanú y Tekax, entre otros. Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y, tras documentarse múltiples irregularidades, se le impusieron diversas medidas correctivas que no fueron acatadas.
“Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, declaró la titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell.
Diversas investigaciones y denuncias públicas han documentado cómo estas granjas han afectado de forma negativa tanto al medio ambiente como a los derechos de los pueblos originarios. Un estudio de Greenpeace México (2020) alertó que “el modelo de producción porcícola en Yucatán está devastando la biodiversidad y vulnerando el derecho humano al agua limpia y al medio ambiente sano”.
Por su parte, la Misión de Observación de Derechos Humanos que visitó la región en 2021 concluyó que “las granjas industriales han sido impuestas sin consulta previa, libre e informada, lo que representa una violación directa a los derechos de los pueblos mayas”.
