El pasado 19 de noviembre, once relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas publicaron una serie de cartas donde expresaban su preocupación hacia la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa. Los autores son un grupo independiente de expertos en derechos humanos, quienes señalan que la instalación impactaría al ecosistema y a las comunidades que lo habitan.
La correspondencia estaba dirigida al gobierno de México, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank, así como a los gobiernos de Suiza y Alemania. En ella, los signatarios revelan el uso de violencia sistemática contra los opositores del proyecto, así como varias violaciones a los derechos del pueblo Mayo-Yoreme. Las acusaciones presentadas provienen de visitas hechas por los autores, así como testimonios de defensores del territorio y los estudios de riesgo realizados por GPO.
Según las cartas, la construcción de esta planta de amoniaco afectaría la subsistencia de miles de pescadores que habitan esta zona, ya que su economía depende de la pesca. Esto se debe a que el proyecto contempla la destrucción de suficientes larvas de camarón como para producir más de 500 toneladas de estos mariscos.
Dentro del Estudio de Riesgo Ambiental, la empresa GPO admite que, en caso de fuga de amoniaco, un derrame de cinco minutos transformaría a la bahía de Ohuira completa en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”.
Ubicada a aproximadamente siete kilómetros al sur de Los Mochis, Sinaloa, la bahía de Ohuira está catalogada como sitio Ramsar o humedal de importancia mundial. Este cuerpo de agua contiene islas pertenecientes a las áreas protegidas del Golfo de California y que son patrimonio cultural de la humanidad por parte de las Naciones Unidas.
Organizaciones exigen que se detenga la construcción de la planta de amoniaco
Varias organizaciones civiles y ambientales lanzaron un comunicado el 24 de noviembre donde exigen al Gobierno de México detener la construcción de la planta de amoniaco de GPO y la de una planta de gas natural licuado por parte de la empresa Sempra Energy, también en el municipio de Topolobampo. Las 37 asociaciones manifiestan su preocupación por los impactos ambientales que estas instalaciones podrían tener sobre la bahía de Ohuira y sus pobladores. Resaltan que la operación de la planta de amoniaco alteraría las condiciones de pesca en uno de los sitios más importantes de esta industria en el país.
Las agrupaciones también exigieron que se garantice la seguridad de los defensores ambientales y las comunidades afectadas por protestar contra la planta de amoniaco. También, llamaron a la Presidencia, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a ponerle fin a las violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas de la bahía de Ohuira.
Respuesta de Gas y Petroquímica de Occidente
El pasado 28 de noviembre, el corporativo Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) publicó un comunicado donde asegura que la planta en Ohuira cumple con las normativas nacionales e internacionales. Por ese medio, aclaró que la carta de los relatores no constituye un fallo o condena hacia el proyecto, sino que solicita a la empresa información sobre las alegaciones. GPO declaró que había presentado una respuesta detallada ante las Naciones Unidas, respaldada por estudios técnicos y evidencia que “desvirtúa cada una de las acusaciones”.
La empresa declaró que ha mantenido un diálogo “abierto y respetuoso” con las comunidades locales e indígenas durante más de diez años. GPO afirmó que durante ese periodo, ha construido relaciones sólidas con la mayoría de los pueblos originarios de la región.
