Con la entrada en vigor de una nueva legislación, conocida como Ley Mincho, México iniciará un proceso gradual para retirar del cautiverio a alrededor de 350 delfines que hasta ahora eran utilizados en shows, actividades recreativas y programas de reproducción con fines comerciales.
La normativa se alinea con una tendencia internacional que busca erradicar prácticas consideradas como explotación animal, promoviendo en su lugar la conservación y el turismo responsable. A partir de ahora, los delfines solo podrán participar en proyectos científicos o de preservación, bajo estricta supervisión y sin interacción comercial con el público.
La transición será progresiva. Los delfinarios, parques acuáticos y acuarios que actualmente albergan a estos animales tendrán un plazo máximo de 18 meses para presentar planes de reubicación y reportes periódicos que acrediten avances concretos. La mayoría de los delfines será trasladada a santuarios marinos o corrales de agua salada, entornos más amplios y similares a su hábitat natural, diseñados para reducir el estrés y mejorar su calidad de vida.
Durante todo el proceso, cada ejemplar deberá recibir atención veterinaria especializada, alimentación adecuada y cuidados permanentes. En los casos en los que el traslado no sea viable, los responsables estarán obligados a justificarlo técnicamente y a garantizar condiciones óptimas para el bienestar del animal.
La Ley Mincho fue impulsada por la organización Animal Heroes y lleva el nombre de un delfín nariz de botella que sufrió un grave accidente durante un espectáculo en la Riviera Maya en 2020. El caso, que años después generó una fuerte reacción social, se convirtió en símbolo de la lucha contra el maltrato animal y derivó en la aprobación de la ley por el Senado en junio de 2025 y su posterior ratificación por la Cámara de Diputados.
Entre los principales cambios que introduce la legislación se encuentran la prohibición de nuevas capturas de mamíferos marinos, la restricción de su reproducción en cautiverio, salvo con fines científicos o de conservación, la eliminación de acrobacias y la prohibición de mantener a estos animales en instalaciones de concreto. La medida también aplica a otras especies como focas, lobos marinos, ballenas y orcas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley.
En paralelo, el sector turístico enfrenta el reto de reinventarse, apostando por alternativas como el avistamiento regulado de cetáceos en libertad, programas educativos y proyectos comunitarios de conservación.
