La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) autorizó la construcción y operación de una terminal de gas natural licuado en Guaymas, Sonora, un proyecto que contempla el procesamiento de gas y su posterior traslado en buques metaneros por el Golfo de California hacia mercados asiáticos. L
a resolución fue emitida en abril de 2026, pese a cuestionamientos técnicos, procesos legales y advertencias sobre posibles impactos en el ecosistema marino.
De acuerdo con una investigación de Causa Natura, la autorización ambiental para el proyecto Amigo LNG fue emitida el 13 de abril mediante el oficio ASEA/UGI/DGGPI/0996/2026. La aprobación ocurrió mientras organizaciones civiles mantenían un juicio de amparo por presuntas deficiencias en la información disponible y en el proceso de consulta pública, y después de que un juzgado federal había ordenado a la agencia abstenerse de emitir una autorización de impacto ambiental mientras se resolvía el litigio.
El proyecto contempla la instalación de infraestructura para recibir, procesar y convertir gas natural en gas natural licuado, además de cargarlo en buques especializados. La terminal tendría una capacidad de producción de 5.1 millones de toneladas de GNL al año, equivalente al procesamiento de aproximadamente 700 millones de pies cúbicos de gas diarios. Las embarcaciones utilizarían el Golfo de California para transportar el producto hacia Asia.
La superficie autorizada comprende 41.78 hectáreas en el municipio de Guaymas, entre el Parque Industrial Sánchez Taboada y Bahía Catalina. De ese territorio, 9.28 hectáreas corresponden a superficie terrestre y 32.49 hectáreas se ubican en zona marina. La resolución establece seis meses para preparar el sitio, casi tres años para construir las instalaciones, cuatro décadas de operación y seis meses adicionales para su eventual desmantelamiento.
La ASEA determinó que el proyecto es ambientalmente viable y lo autorizó de manera condicionada. En el documento sostiene que no se prevén impactos ambientales significativos derivados de la construcción, aunque reconoce la posibilidad de que ocurra algún evento no deseado relacionado con riesgos ambientales. La dependencia señala que, de acuerdo con la información presentada por la empresa, la probabilidad de que estos eventos ocurran sería baja.
La autorización también establece diversas obligaciones ambientales. Entre ellas se encuentra la acreditación del suministro de 50 metros cúbicos diarios de agua potable, la ejecución de programas de protección y restauración de suelos, así como acciones para rescatar y reubicar fauna antes de iniciar el desmonte. Entre las especies que deberán recibir atención específica se encuentra la cachora arenera, una lagartija propia de la región.
Como medida de compensación, la empresa deberá restaurar al menos tres hectáreas por cada hectárea afectada y utilizar especies vegetales nativas. También tendrá que aplicar medidas para prevenir el ingreso de especies invasoras mediante las embarcaciones de construcción, monitorear el plancton y establecer programas de seguimiento para tortugas marinas, mamíferos marinos, tiburones y rayas.
La resolución incluye restricciones para las actividades marítimas. Las obras de construcción en el mar no podrán realizarse entre diciembre y abril, periodo identificado como de mayor actividad reproductiva y de crianza de mamíferos marinos. Durante la operación, el proyecto estará limitado a un máximo de 60 arribos de buques metaneros por año, ninguno con capacidad superior a 266 mil metros cúbicos.
También se establecieron medidas relacionadas con las aves y los efectos del cambio climático. La empresa deberá utilizar iluminación que reduzca las alteraciones en el comportamiento de aves residentes y migratorias, evitar que los reflectores apunten hacia las islas cercanas y monitorear sus posibles efectos. Además, deberá desarrollar un programa para identificar vulnerabilidades de las instalaciones ante fenómenos como huracanes, erosión costera y aumento del nivel del mar.
Uno de los principales cuestionamientos provino de instituciones académicas y gubernamentales consultadas durante el proceso de evaluación. La Universidad de Colima señaló deficiencias metodológicas y falta de sustento científico en la Manifestación de Impacto Ambiental. La ASEA, sin embargo, no incorporó esas observaciones argumentando que fueron entregadas fuera del plazo establecido y las consideró como una ausencia de objeciones.
Otras instituciones también expresaron preocupaciones. La Dirección General de Conservación y Gestión de Mares y Costas advirtió sobre el riesgo de colisiones de los buques con especies marinas y señaló deficiencias en el análisis de los riesgos sísmicos e hidrometeorológicos de la zona. La Dirección General de Vida Silvestre alertó que el tránsito de los metaneros dentro del Golfo de California podría representar un riesgo importante para mamíferos y tortugas marinas.
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) consideró insuficientes algunas de las medidas propuestas por la empresa y calificó al proyecto como controversial desde las perspectivas de transición energética y cambio climático. Por su parte, CONAPESCA planteó la necesidad de considerar los derechos de las comunidades indígenas, incluidos los pueblos yaquis, y advirtió posibles afectaciones a los recursos biológicos y a la actividad pesquera.
La autorización también generó cuestionamientos por el momento en que se hizo pública. Organizaciones civiles detectaron en septiembre una comunicación de Epcilon LNG LLC, empresa matriz estadounidense de Amigo LNG, dirigida al Departamento de Energía de Estados Unidos, en la que se hacía referencia a la aprobación ambiental otorgada en abril. La compañía aseguró contar con los permisos necesarios de distintas autoridades mexicanas y solicitó ampliar el plazo para comenzar sus exportaciones de GNL, mientras buscaba contratos de largo plazo con comercializadoras internacionales.
El caso ocurre mientras persisten disputas legales y cuestionamientos internacionales sobre proyectos de gas natural licuado en el Golfo de California. En julio, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO expresó preocupación por este tipo de iniciativas en una zona reconocida como Patrimonio Mundial. En ese momento, México informó que los proyectos permanecían sujetos a procesos legales y que cualquier eventual avance tendría que pasar por las evaluaciones ambientales correspondientes. La resolución de la ASEA confirma ahora la autorización ambiental de Amigo LNG, aunque mantiene diversas condicionantes y obligaciones que la empresa deberá cumplir durante las distintas etapas del proyecto.
