La Cámara de Senadores aprobó una serie de modificaciones al Código Penal Federal con el objetivo de endurecer las sanciones por delitos ambientales e incorporar nuevas conductas consideradas ilícitas. La votación en lo general concluyó con 97 sufragios a favor y una abstención, aunque diversos artículos fueron reservados para su discusión en lo particular.
Las reformas consideran un aumento significativo en las penas para quienes descarguen o infiltren residuos industriales o aguas contaminadas en ríos, mares, suelos o subsuelos, conductas que ahora podrían castigarse con entre dos y diez años de prisión, en lugar del rango anterior de uno a nueve años. También se amplían las sanciones para el tráfico e introducción ilegal de flora, fauna y recursos forestales que puedan representar riesgos sanitarios para los ecosistemas.
Otro de los ejes de las modificaciones fortalece el castigo contra el desmonte, la destrucción de vegetación natural o el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, actividades que suelen estar vinculadas con la expansión agrícola irregular, la tala clandestina y el crecimiento urbano desordenado.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, sostuvo que el aumento de penas no busca únicamente castigos más severos, sino inhibir prácticas que dañan gravemente al ambiente. Señaló además que las personas jurídicas también podrán ser responsabilizadas cuando sus actividades generen afectaciones a recursos naturales, ya sea por falta de medidas preventivas o por acciones deliberadas.
Durante el debate, la senadora del Partido Verde Ecologista de México, María del Rocío Corona Nakamura, afirmó que estas modificaciones representan una acción contundente frente al deterioro ambiental acumulado por décadas. Subrayó que la protección de la naturaleza es una obligación constitucional y una responsabilidad que no admite demoras.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, señaló que la crisis climática exige una respuesta decidida y reconoció que la minuta cumple tres propósitos centrales: comunicar que los daños ambientales tienen consecuencias reales, otorgar herramientas efectivas a las autoridades y brindar mayor protección a las comunidades afectadas.
Por parte de Morena, la senadora Lorenia Iveth Valles Sampedro recordó que los recursos naturales son fundamentales para la subsistencia y que la reforma fortalece la acción del Estado frente a delitos como la tala ilegal, la extracción clandestina de flora y fauna y la exposición indebida de desechos peligrosos.
En el análisis particular, el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, propuso reservas para precisar que campesinos, ejidatarios y comuneros no incurran en delito cuando sus actividades estén dirigidas a satisfacer necesidades básicas. También planteó actualizar las referencias legales a la Unidad de Medida y Actualización, en sustitución del sistema de “días multa”.
Asimismo, se incorporó la propuesta de la senadora Verónica Camino Farjat para proteger los usos y costumbres de los pueblos originarios, especialmente en actividades como la recolección y transporte de leña utilizada en la cocina tradicional. Según expuso, estas prácticas deben distinguirse de actividades comerciales o de aprovechamiento indebido de recursos forestales.
